Por Bruno Cortés
El Departamento de Justicia estadounidense soltó un auténtico trancazo legal este miércoles al ordenar la captura y extradición de 10 políticos y exfuncionarios mexicanos, encabezados por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El requerimiento oficial paraliza las mesas de seguridad bilaterales, cruzándose con la crisis diplomática desatada por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua el pasado 19 de abril.
El expediente de 34 fojas, armado y finiquitado por la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, documenta que esta red política operó de la mano con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La acusación detalla la logística para mover toneladas métricas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia las calles estadounidenses, amparados bajo la nómina gubernamental.
Las penas que baraja la justicia gringa van al hueso de los acusados: cargos por conspiración para traficar estupefacientes, uso de armas de fuego de alto calibre y participación en secuestros con resultado de muerte, incluyendo a un informante de la DEA. La sumatoria de estos delitos perfila condenas que arrancan en un piso de 40 años de prisión y topan en la cadena perpetua.
El periodicazo judicial ocurre en paralelo al descalabro de inteligencia en la Sierra Tarahumara. El fatídico operativo para desmantelar seis laboratorios clandestinos dejó un saldo de cuatro muertos en una volcadura: dos oficiales de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes estadounidenses que, según los reportes oficiales, operaban en el terreno sin el aval del gobierno federal mexicano.
Frente al embrollo operativo, la estadística y la ley se volvieron el escudo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la violación a los protocolos de seguridad nacional, detallando que uno de los agentes muertos ingresó con estatus de turista y el otro con pasaporte diplomático, evidenciando una operación encubierta que saltó las trancas constitucionales.
En el terreno burocrático, la Cancillería mexicana ya acusó de recibido los oficios de detención provisional con fines de extradición emitidos por Washington. Sin embargo, las autoridades diplomáticas le pusieron un freno de mano al trámite, argumentando que las 34 fojas estadounidenses carecen de los elementos de prueba suficientes que mandata el tratado bilateral vigente para proceder con los arrestos.
Al final del día, la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de desmenuzar la carpeta de investigación para ver si el asunto amerita girar las órdenes de aprehensión. Mientras el papeleo va y viene, los 10 políticos señalados continúan en libertad, escudados en sus fueros, y el esclarecimiento de las muertes en Chihuahua sigue atorado en el limbo institucional.
